BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 27/02/2019

LAS DECISIONES DEL PRESIDENTE

Por más que intento, no le encuentro lógica a las decisiones del presidente Andrés Manuel, particularmente en dos temas esenciales y de gran trascendencia social, como son la abrogación del programa de estancias infantiles y la eliminación de los apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Son decisiones controversiales que tienen un impacto directo en la población, pero sobre todo que no tienen una racionalidad, un sentido común y mucho menos son justas a la luz de los hechos. Primero, en el caso de las estancias infantiles, el presidente argumenta que son corruptas y operan irregularmente; suelta el dato, para reforzar su discurso, que cerca de 80 mil niños no fueron encontrados y, con base a eso, decide que el programa se cancela.

El presidente no toma en cuenta a los más de 330 mil menores que sí están inscritos en las estancias infantiles, cuyos cuidados provienen de educadoras en un entorno seguro y que fomentan el desarrollo educativo de los menores, así como el servicio que se les presta a las madres trabajadoras.

Por otro lado, no reflexiona que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al evaluar el desempeño presupuestario de las estancias infantiles durante el 2017 y 2018, detectó irregularidades sólo en 319 de un total de 9 mil 565 estancias infantiles y sólo hizo observaciones al 1.8 por ciento del presupuesto del mismo programa. Es decir, la inmensa mayoría opera de manera legal y regular, ofreciendo un servicio indispensable a menores y madres trabajadoras.

No hay elementos racionales y mucho menos jurídicos que justifiquen la eliminación de este programa, a no ser por la decisión arbitraria y unilateral del presidente: “porque yo así lo decido”. O el disparate de que sean los abuelos quienes proporcionen este servicio.

Analicemos el caso de las organizaciones de la sociedad civil: el pasado 14 de febrero el presidente anunció que no habrá más recursos para las organizaciones de la sociedad civil; las acusó, sin dar pruebas, de ser intermediarias, engrosar el aparato burocrático y quedarse con el dinero, a pesar de que muchas de éstas brindan un servicio indispensable a la población.

Días después, el 22 de febrero, la Secretaría de Salud confirmó que la convocatoria para asignar subsidio a los refugios para mujeres y sus hijos víctimas de la violencia se suspendía hasta analizar el programa. La convocatoria fue publicada el 31 de enero pasado y contaba con un presupuesto de 346.48 millones de pesos.

Como el presidente dijo que ya no habría dinero para las organizaciones, estos recursos se detuvieron. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones enfocadas en la protección y prevención de la violencia contra la mujer señalaron que se ponía en peligro de muerte a las mujeres atendidas en estos refugios y expresaron su preocupación.

El tema generó polémica al grado que el gobierno de México reculó, acusando, en voz de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, a un “funcionario menor” de cancelar dicha convocatoria, cuando éste sólo siguió las instrucciones del presidente Andrés Manuel.

Suena absurdo, como la misma Sánchez lo reconoció, pero así lo instruyó el presidente. Por eso digo que el presidente debe analizar más sus declaraciones y meditar, escrupulosamente, su manera de actuar y decidir.

DOS PUNTOS

¿Hasta cuándo la presidencia seguirá tomando decisiones a través de consultas que sólo toman en cuenta el uno por ciento del padrón electoral? La consulta de termoeléctrica de Morelos evidencia esto: 55 mil 715 votos dijeron que sí, pero no se tomó en cuenta la opinión de 1 millón 760 mil 513 votantes. No puede haber democracia con estos números. Lamentable, además, que se haya soslayado a las comunidades indígenas, principales opositoras a la construcción de este proyecto, pues alertan que escaseará el agua de construirse el acueducto. El presidente dice que va y ellos dicen que no. El choque es inevitable.