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BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 20/02/2019

CASETA DE CUYUTLÁN, ÚLTIMA PALABRA

Un gobierno con sensibilidad social gestiona y prioriza acciones que beneficien a la población; la efectividad con la que responda a las necesidades de la ciudadanía define a un buen gobierno.

Por eso la importancia de que el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, se centre en aquellos temas que a la sociedad le interesan y cuyos efectos resultan positivos.

Un ejemplo de esto es el caso de la Caseta de Cuyutlán: mientras la mayoría de los actores políticos lucran mediáticamente con este tema, tomándose selfies en las manifestaciones o haciendo airadas declaraciones en contra de su operación, el gobernador inició desde el año pasado procesos administrativos y legales para definir el estado legal de la concesión.

Es decir, el gobernador ha sido el único actor político que de manera genuina actúa para responder al clamor social de la población, que de manera unánime exige el retiro de la Caseta de Cuyutlán, por los excesos en el cobro del peaje –era una de las más caras de México—y por los señalamientos de irregularidades en la concesión.

Desde julio del 2018 el gobierno comenzó las gestiones y acciones legales en el tema de la Caseta de Cuyutlán. Actualmente, se está a la espera de una respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al oficio que giró el gobierno del estado y en el que pedía un posicionamiento con respecto al recurso de inconformidad del gobernador.

Y es que hay que recordar que en julio del año pasado, Ignacio Peralta presentó un recurso de nulidad de la caseta de peaje, mismo que fue desestimado por el gobierno federal y por lo cual el gobernador se inconformó y giró el oficio en enero.

El gobierno del estado no está en contra del cobro de peaje en las carreteras,  siempre y cuando exista fundamento legal y transparencia financiera. Los esquemas de las concesiones para la construcción de autopistas son necesarios, ante la incapacidad del gobierno para construir esta infraestructura.

Pero sí es necesario cuidar y revisar que se cumpla con la ley y no se conviertan en un negocio lucrativo, en detrimento de la población. También el mes pasado se solicitó una reunión con las áreas técnicas de la SCT para que aclare la afirmación de la empresa concesionaria Pinfra, respecto a que se han realizado trabajos de mantenimiento en los ejes 3 y 4 del puente.

Quienes transiten por esa zona pueden constatar que estos no son evidentes, además  de que existen dictámenes, que obran desde hace varios años, en los que se recomienda de manera urgente una serie de acciones para el mantenimiento del puente. Es imperioso una explicación al respecto.

Y es que cualquier acción respecto al puente Tepalcates es responsabilidad de la empresa Pinfra. Ante todo, la prioridad es garantizar la seguridad de los automovilistas que circulan por el lugar y su integridad física. Ahora la última palabra la tiene el gobierno de López Obrador, ¿de qué lado estará?

Dos puntos

Ojo cuando se comience a minar la autonomía de estas instituciones y atacarlas con recortes presupuestales: Banco de México, Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

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