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Antes de ley local contra trata, debe crearse la ley general: Romero Coello

Administrador Colimapm | Colima | 13/06/2011

Será hasta que el Congreso de la Unión apruebe la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas cuando Colima cuente con una ley local en esa materia, según lo explicó el diputado José Manuel Romero Coello, en la reunión de trabajo que legisladores locales sostuvieron con el secretario de Desarrollo Social, el delegado del Procuraduría General de la República y la delegada del Instituto Nacional de Migración.

Para analizar las dos iniciativas de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas del Estado de Colima que se encuentran en comisiones, este lunes diputados del PRI y PAN se reunieron con el secretario de Desarrollo Social, Héctor Michel Camarena; el delegado en Colima de la Procuraduría General de la República, Julián Jesús Gudiño Galindo; la delegada del INM, Arcelia Arredondo García, y Leonor de la Mora Béjar, directora del Instituto Colimense de la Mujer.

El legislador local les recordó a los funcionarios federales y estatales, que el pasado 11 de mayo la Legislatura Local, como parte del constituyente federal, aprobó la minuta con las reformas a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución de la República, relativas a dotar al Estado Mexicano de las herramientas legales que le permitan combatir de una manera integral y eficiente el delito de trata de personas.

Romero Coello señaló que el segundo artículo transitorio de esa minuta, determina que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en un plazo no mayor a los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las reformas constitucionales, plazo que aún no ha empezado a correr, pues esas modificaciones legales no han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación, aunque ya ha sido aprobada la minutas por 17 congresos locales.

Consideró indispensable conocer el contenido y alcances de la Ley General que Previene y Sanciona la Trata de Personas, para que la legislación local esté armonizada con la general, pues esa ley general establecerá los niveles de coordinación y las competencias para cada nivel de gobierno.

En tanto, Itzel Ríos de la Mora, presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, reiteró la importancia de establecer mecanismos de combate y prevención en la ley local de trata de personas, y destacó la buena disposición de los tres órdenes de gobierno para trabajar de manera conjunta en esa materia.

En su oportunidad, el delegado de la PGR, Julián Jesús Gudiño, destacó que el Código Penal del Estado de Colima ya contempla sanciones para el delito de trata de personas, por lo que consideró inadecuado quitar la sanción de esa legislación para trasladarla a la ley especial, estimando que lo mejor sería regular la atención y el combate a la trata de personas.

Por su parte, Héctor Michel, secretario de Desarrollo Social, señaló que existe un comité interinstitucional trabajando en el tema de trata de personas, donde están conformados tres subgrupos: uno social, otro penal y uno más de difusión, por lo que dijo estar de acuerdo con los foros para sensibilizar a la sociedad y prevenir este delito.

De igual manera, la directora del Instituto Colimense de la Mujer, Leonor de la Mora Béjar, propuso se puedan llevar a cabo foros de consulta en materia de prevención para enriquecer el contenido de la ley, donde participe gente especializada en el tema.

Por su parte, el director de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, José Alberto Peregrina, mencionó que las reformas constitucionales en materia de trata de personas, incorporar esa conducta en el catálogo de delitos entre los cuales es procedente que el juez ordene de manera oficiosa la prisión preventiva en contra de los procesados por ese delito.

Por lo que respecta a la reforma al artículo 20, apartado C, fracción V de la Carta Magna, explicó que el sentido de ésta es establecer como derechos de las víctimas y ofendidos del delito de trata de personas, el resguardo de su identidad y datos personales; mientras la reforma al artículo 73, fracción XXI en su primer párrafo, se refiere a la facultad del Congres

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