BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 05/12/2018

DECISIONES ABSURDAS

Hasta el momento, la decisión más insensata y absurda del gobierno de AMLO es la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), obra que tiene un avance de construcción de casi el 40 por ciento y en la cual se han invertido, tanto con dinero público como privado, cerca de 160 mil millones de pesos. Es como si al término de su sexenio, el próximo presidente cancelara el Tren Maya aún en construcción.

¿Cuál es el beneficio concreto de cancelar esta obra para los mexicanos, más allá de validar y legitimar el discurso de la corrupción, que centró al NAIM, en la retórica electoral de López Obrador, como emblema de la corrupción del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto?

Y es que si realmente hay corrupción en la construcción del NAIM, ¿por qué el gobierno no la castiga? Una de las promesas principales de la campaña de nuestro presidente fue, precisamente, que combatiría la corrupción hasta erradicarla. Por consiguiente, si hay corrupción en el NAIM, pues que se castigue, pero que no se cancele el proyecto que es, a todas luces, necesario.

No se entiende el argumento de que se cancela el NAIM por la corrupción, haciendo alusión a los empresarios, pero se invita a éstos a que continúen sus negocios en Santa Lucía, cuando en la congruencia debería escudriñarse los contratos y el ejercicio de los recursos públicos para, de manera fundamentada, castigar cualquier corruptela.

Sin embargo, en lugar de eso, defiende e impulsa de manera personal la construcción de otro aeropuerto en Santa Lucía, una decisión que el presidente ha impulsado desde la campaña presidencial, como bandera electoral, sin tener un proyecto consolidado  para su construcción y, más importante, estudios que avalen su viabilidad aeronáutica. Al contrario, hay estudios que se oponen a este proyecto.

Es decir, no hay lógica en estas decisiones, ni siquiera un mínimo de sentido común. Y es que cancelar el aeropuerto no sólo implica sólo tirar a la basura lo invertido hasta el momento y desestabilizar los mercados –debilitando el peso y encareciendo la deuda pública por la baja de las calificaciones crediticias--, sino también ser el blanco de demandas millonarias por el incumplimiento de los contratos. Todo esto en detrimento del gobierno y el pueblo de México.

Por eso el gobierno optó, a pesar de que la consulta determinó su cancelación, continuar con la construcción del NAIM en Texcoco, mientras renegocia la recompra de bonos para evitar las demandas. Esa decisión nos va a costar a los mexicanos, pues vamos a tener que pagar por lo menos 6 mil millones de dólares, unos 126 mil millones de pesos a la cotización actual. Es dinero que se va a desperdiciar en el pago de esa contingencia, causada por una mala decisión del gobierno, en lugar de invertirse en seguridad, salud u obra pública. En términos coloquiales, es el Fobaproa de AMLO.

El tema central no es el empecinamiento maniqueo de estar a favor o en contra del NAIM, sino que el gobierno tome buenas decisiones. El gobierno de Andrés Manuel no nos ha dicho una razón de peso, válida, para cancelar un proyecto con el 37 por ciento de construcción, que genera miles de empleos, en el cual están invertidos miles de millones de pesos, que es clave para la estabilidad del mercado y la confianza de los inversionistas pero que, además, solucionará la saturación de vuelos en la ciudad de México, beneficiando a los usuarios del transporte aéreo.

Por el bien de México y todos nosotros, ojalá que el presidente cambie su forma de tomar decisiones y lo haga de la manera más responsable, teniendo en cuenta lo mejor para el país. Es de sabios rectificar.

Dos puntos

El congreso hizo bien en aprobar el presupuesto y modificar algunas partidas que contribuyen más a la austeridad y a la priorización de los recursos públicos a favor de la población; sin embargo, aún está pendiente que se bajen su sueldo de manera significativa y canalicen ese recurso a programas sociales, de preferencia instrumentados por el gobierno del estado, pues eso garantiza su adecuada fiscalización. Causa suspicacia que los legisladores no modificaran el presupuesto del congreso, particularmente en la cuestión de su salario, por lo que en los hechos seguirán ganando lo mismo para el 2019.  Hay que ver si realmente cumplen su palabra o aplicarán la de los diputados federales, quienes no se han bajado el sueldo y se aprobaron un jugoso aguinaldo al que le quitaron el ISR.