La corrupción no se combate con rebaja a los salarios, señala Magistrado del STJE

Administrador Colimapm | Colima | 29/11/2018

Las percepciones económicas de los integrantes del Poder Judicial se encuentran protegidas por la Constitución, afirmó el Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Mario de la Madrid Andrade, quien asentó que “el flagelo de la corrupción no se combate con la reducción de los salarios”.

Cabe señalar que en el mes de octubre, el Congreso Federal con la finalidad de cumplir la promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador para que nadie gane más que el presidente de la República, aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, minuta turnada y aprobada por el Senado de la República el 8 de noviembre de 2011.

De la Madrid Andrade indicó que hasta el momento en la entidad no se han interpuesto amparos por parte de funcionarios públicos, principalmente del Poder Judicial, en contra desea disposición, tal y como a ocurrido en otras entidades del país.

El Magistrado del STJE afirmó que debe prevalecer la autonomía de los juzgadores en todos los sentidos, no obstante la forma como está la Constitución para efectos de garantizar la autonomía del poder judicial con respecto a los otros poderes, tiene vertientes, entre ellas la económica.

“Uno de los puntos para evitar las injerencias de los otros poderes, es la garantía de sus salarios, por lo que de acuerdo a la Constitución los salarios no pueden reducirse”, detalló.

Puntualizó que es un elemento analizado por los organismos nacionales e internacionales, donde es la única forma de garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Refirió que es el punto central, sin embargo aclaró que sí está previsto la prohibición de reducir los salarios.

“Si se quiere combatir la corrupción el mecanismo no es la reducción de salarios”, insistió.

Para concluir, Mario de la Madrid añadió que el salario del personal del Supremo Tribunal es bajo, por lo que se necesita mayor presupuesto para mejorar salarios y contratar más personal, con la finalidad de lograr una justicia pronta y expedita más eficiente, como lo ha venido pidiendo la población.