*A largo plazo son 2 mil 627 millones y a corto plazo 1 mil 604 millones de pesos. Aprueba el Congreso las cuentas públicas del Gobierno del Estado con 116 observaciones
El Congreso del Estado concluyó este lunes con la aprobación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 del Poder Ejecutivo, los ayuntamientos de Manzanillo y Villa de Álvarez y de cuatro organismos operadores del servicio de agua potable, destacándose que el Gobierno del Estado cuenta, en el año de la auditoría practicada, con una deuda que asciende a los 4 mil 231 millones 712 mil pesos.
En sesión ordinaria celebrada este lunes, los legisladores discutieron y aprobaron también las cuentas públicas del año 2017 del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima, Tribunal de Arbitraje y Escalafón y la Unidad Estatal de Protección Civil.
Cabe mencionar que en la cuenta pública del Gobierno del Estado se dio a conocer que la deuda que asciende a los 4 mil 231 millones 712 mil pesos, de los cuales 2 mil 627 millones de pesos son a largo plazo y 1 mil 604 millones de pesos a corto plazo.
Asimismo, en esta auditoría se dio a conocer que se le realizaron al Gobierno del Estado un total de 116 observaciones que no fueron solventadas.
En términos generales, las auditorias practicada por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) detectó en todas las cuentas públicas auditadas tuvieron “observaciones en materia de responsabilidades”.
El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) determinó que en general, y respecto de las muestras auditadas, los entes fiscalizados cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas.
Sin embargo, derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución del Estado de Colima, las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Osafig y los órganos internos de control, mismas que serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
En tanto, las faltas y las sanciones administrativas no graves corresponderá investigarlas a los órganos internos de control.
La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, encargada de dictaminar los informes de resultados a la fiscalización, consideró que el Osafig presentó evidencias suficientes para establecer las presuntas irregularidades, las cuales se derivan de las observaciones no solventadas.
En ese sentido, los 11 entes fiscalizados suman un total de 712 observaciones sin solventar, de las que 17 son de desarrollo urbano, 184 de obra pública y 511 son financieras.
El Ayuntamiento de Manzanillo suma 149 observaciones sin solventar; Villa de Álvarez, 113; la Comisión de Agua Potable de Manzanillo, 149; la Comisión de Agua de Minatitlán, 43; la Comisión de Agua de Tecomán, 38, y Ciapacov, 36.
El Poder Ejecutivo del Estado no solventó 116 observaciones; el Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, nueve observaciones; el Instituto de Planeación para el Municipio de Colima, ocho; el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, 24, y la Unidad Estatal de Protección Civil, 33.
Los decretos con la conclusión de los procesos de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los 11 entes fiscalizados fueron turnados al Osafig, para que investigue sobre las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas.
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A partir del Lunes 11 de Abril de 2011
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