BITÁCORA REPORTERIL

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 05/09/2018

LAS TRIBULACIONES DE RAFA MENDOZA

La eventual destitución e inhabilitación -por siete años- de Rafael Mendoza Godínez debe ser un escarmiento, una categórica llamada de atención para todos aquellos políticos que se creen estar por arriba de la ley, sin importar la marca, colores y ascendencia partidista.

De acuerdo a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicada ayer en su página web, el fallo es inapelable y, por lo tanto, no se puede modificar.

Fue una irresponsabilidad del PAN, en ese sentido, haber postulado a Mendoza Godínez, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó -expediente SRE-PSD-6/2016- que violó el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, durante la campaña extraordinaria a la gubernatura, en la cual mostró todo su apoyo, en su calidad de alcalde, a Jorge Luis Preciado.

En aquel entonces, en febrero del 2017, cuando el congreso se erigió en jurado de acusación -y determinó la destitución e inhabilitación- Rafael Mendoza orquestó toda una presión pública, al mandar a simpatizantes y aliados políticos para que tomaran la carretera de Colima-Manzanillo, generando todo un caos en esta zona. 

Posteriormente siguió toda una estrategia legal, con fines dilatorios, para postergar el mayor tiempo posible su situación irregular. Sin embargo, con la sentencia del SCJN, es inminente la destitución de Rafa Mendoza y su inhabilitación por siete años, lo que significaría su muerte política, pues no tiene la pericia política de Martha Sosa para seguir vigente tanto tiempo (hay que recordar que la actual diputada y candidata a gobernadora fue inhabilitada también, a principios del 2000).

A falta de argumentos legales, Mendoza Godínez va recurrir a la presión, como lo hizo cuando el congreso se erigió como jurado de acusación. En una entrevista con Arnoldo Delgadillo, en el programa de Análisis Político Enfoques, el todavía alcalde insinuó esa posibilidad: toma de carreteras, plantones, manifestaciones, etcétera.

De incitar a sus seguidores, Rafael Mendoza también podría ser acusado por perturbar el orden público. Y hay que recordarle que alterar el orden público es un delito penal. Si bien no se le da mucho la reflexión ni meditar las consecuencias de sus actos -motivo por el cual se encuentra en esta situación-, sus amigos y aliados deberían aconsejarle madurez política y asumir su responsabilidad, como lo hizo Martha Sosa en el 2000.

DOS PUNTOS

El sistema de justicia debe agilizar más los procesos para emitir sentencias y hacerlas efectivas. Rafael Mendoza debió ser destituido e inhabilitado desde el 2016, pero por lo engorroso, tardado del proceso, hasta ahora, casi tres años después, se le emitió sentencia. Se requiere diligencia y contundencia para mandar un claro mensaje a la clase política de que no habrá impunidad, particularmente en los delitos electorales, que tanto daño hacen a nuestra democracia.