ESTACIÓN SUFRAGIO

Administrador Colimapm | Opinión | 29/08/2018

POR: Adalberto Carvajal

SIN PROPUESTA DEFINIDA:

La consulta sobre el destino que se le dará a la XX Zona Militar una vez que la comandancia y el 29 Batallón de Infantería se trasladen al nuevo campo militar en Loma de Fátima, se enfrenta al ‘sospechosismo’ de los grupos ambientalistas.

Minutos después que la presidencia colegiada de la Comisión Ciudadana para la Planeación y Desarrollo de la Calzada Galván –integrada por 23 organizaciones empresariales, académicas y de la sociedad civil– diera a conocer los términos de la consulta a la que van a convocar a los capitalinos, un frente de asociaciones ambientalistas reiteraba en otra rueda de prensa sus temores a que ese espacio termine siendo usado como oficinas, plaza comercial o coto residencial, cuando a juicio de los ecologistas debe ser un refugio natural para especies arbóreas y animales nativas.

Le pregunté a los integrantes de la presidencia colegiada si los dirigentes de Verde Colima o Bios Iguana (dos de los grupos ecologistas que se manifestarían una hora después frente a Palacio de Gobierno) se habían contactado con ellos para expresar esta visión de una reserva natural, y respondieron que la única organización que se ha acercado a la Comisión Ciudadana es la de los locatarios de la Piedra Lisa, interesados en extender sus actividades gastronómicas al nuevo territorio.

Esto habla de un diálogo de sordos entre la Comisión Ciudadana, a la que el Gobierno del Estado le delegó la responsabilidad de consultar a la sociedad, y amplios sectores de la opinión pública que están recelosos por lo que ocurrió con el Parque Regional “Griselda Álvarez”, el cual fue concesionado a una empresa privada, Ecoparc, para convertirlo en un zoológico de prácticas muy cuestionables en el manejo de especies exóticas, desoyendo las opiniones de la población.

Según la Comisión Ciudadana, el proyecto que resulte de la consulta debe cumplir con los siguientes objetivos:

• Sustentabilidad integral (ambiental, económica y social).

• Atracción y accesibilidad (debe generar y fortalecer el tejido social y urbano).

• Uso mixto (debe ser un espacio público, donde eventualmente se realicen actividades productivas pero cuya fin último sea generar comunidad).

BUSCAN OBTENER FONDOS:

El comunicado que la Comisión entregó a los reporteros termina con un juego de palabras: “Nuestra labor no es encontrar la solución perfecta; nuestro trabajo es buscar la solución más viable”.

Y citando a la urbanista norteamericana Jane Jacobs, mencionan que las ciudades exitosas son aquellas donde las actividades sociales y productivas se realizan de manera armónica, activa y permanente en torno a espacios públicos, vialidades y edificios de calidad.

Pero es precisamente el texto del decreto que creo la Comisión Ciudadana el que alimenta las sospechas de los ambientalistas y de todos aquellos ciudadanos irritados por la posibilidad de que alguien haga grandes negocios con la XX Zona:

“…la Administración Pública Estatal… ha tomado la decisión de impulsar en el predio… el establecimiento de servicios públicos que brinda el Estado para promover acciones de interés general, de beneficio colectivo, desarrollo territorial sustentable y desarrollo urbano u [y lo siguiente hay que subrayarlo] obtener fondos a efecto de aplicarlos en el financiamiento, amortización o construcción de obras públicas”.

Sobre esa premisa, le pregunté a la representante del sector social en esa Comisión Ciudadana (donde además hay instituciones de los sectores académico, profesional y empresarial, amén del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción) ¿cómo tomarían la propuesta de instalar una tienda de conveniencia en cada esquina del predio, en la punta norte y sur de Calzada Galván y en los extremos de la avenida 1 de Mayo?

Me alivió escuchar que, según ha podido pulsar a sus representados, el consenso entre historiadores, conservacionistas del patrimonio histórico y cultural, periodistas, filántropos y ciudadanos en general es que no se tolere una comercialización tan burda del espacio.

JIPS NO DESCARTA VIVIENDAS:

Entrevistado al día siguiente en Casa de Gobierno, el Ejecutivo estatal Ignacio Peralta Sánchez reiteró que el destino de la zona militar lo va a decidir “el comité” (la Comisión Ciudadana), tal como está señalado en el decreto publicado en el Periódico Oficial.

“Como todos los colimenses”, dijo Nacho, el Gobernador también está esperando que los integrantes le digan qué se va a hacer en la actual XX Zona Militar.

“Yo renuncié a mi posibilidad de opinar al respecto y estoy a expensas de lo que diga el propio comité. Debemos respetar el decreto y esperar a que, finalmente, vengan los integrantes del comité con una propuesta”.

Peralta Sánchez subrayó que “todos los integrantes del comité son ciudadanos, no hay funcionarios de ningún orden de gobierno: son representantes de las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil… Ellos van a decidir”.

Pero luego, cuando un colega reportero planteó una pregunta incómoda: ¿habrá comercios al interior del parque?, el mandatario dijo:

“No lo descarto, pero hay que esperar a que el comité lo decida. Puede ser un uso de suelo mixto, donde se combinen áreas verdes con áreas residenciales, áreas de servicios y áreas comerciales. Pero esa será una decisión del comité”.

Finalmente informó que los militares tienen como fecha programada para trasladarse al nuevo campo militar, el último día de octubre. Pero como “van adelantados en relación a su programa de obra”, pudieran irse antes.   

¿Y LA COLONIA MILITAR?

Pese al entusiasmo de los miembros de la Comisión Ciudadana por transparentar la consulta, hay motivos para que los integrantes de los grupos ambientalistas se sientan nerviosos.

Entre otros, las palabras del mandatario estatal que sigue considerando entre las posibilidades del uso de suelo en la XX Zona: áreas residenciales y áreas comerciales.

Pero hay muchos puntos del acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa que hasta los integrantes de la Comisión Ciudadana por lo visto ignoran.

Por ejemplo, parece que sí está incluida en el convenio de permuta de los terrenos de Loma de Fátima por los de la calzada Galván, la zona habitacional de avenida San Fernando, conocida como la Colonia Militar.

Si pasa a formar parte del patrimonio estatal, ¿qué destino le van a dar a esa manzana y al terreno que está a un costado donde están unos departamentos?

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.