POR: Adalberto Carvajal
QUE NO HAY RESOLUCIÓN JUDICIAL:
Fuentes del Ayuntamiento de Manzanillo insisten en señalar que todavía no hay una resolución judicial en el litigio que sostiene el Ejido Salagua con el Municipio.
Como recordamos, el comisariado ejidal demanda el pago de los terrenos que ha venido ocupando la Comuna por cerca de 30 años. Un predio que fue expropiado para ubicar ahí la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
Mas cuando le preguntamos a los voceros de la administración municipal si el recurso legal que está pendiente de resolver para determinar el pago de los 50 millones de pesos (a valores actuales) que estableció un tribunal agrario, es precisamente el amparo que interpuso el gobierno de Gabriela Benavides, señalaron que es derecho del Ayuntamiento buscar alternativas para no pagar una cantidad que afectaría las finanzas públicas.
En ese sentido, calificaron el compromiso político de la futura alcaldesa Griselda Martínez de cubrir el importe de esa cantidad a los ejidatarios, con una frase lapidaria: “Negociar sería un daño patrimonial”.
Estas mismas fuentes del Ayuntamiento reconocen el vínculo de quien fuera la candidata de Morena a la Presidencia Municipal con los ejidatarios: “Griselda acercó al abogado del Ejido, con Gaby”.
Y reiteran: “El Ayuntamiento no puede aceptar pagar un dinero” sin agotar las alternativas. “El amparo es un recurso legal que todo sujeto jurídico tiene”.
En ese sentido, remarcaron que la postura de Gabriela Benavides, futura senadora por la primera minoría, ahora con licencia como presidente municipal, es: “pagar lo que por ley corresponde, sin dañar la hacienda”.
NO CEDERÁN SIN PELEAR:
Aun cuando Griselda Martínez se haya declarado dispuesta a pagarle a los ejidatarios, sin duda encontrará resistencias en el Cabildo.
Para empezar por parte de quien será regidor de oposición Virgilio Mendoza, antecesor de Benavides en la Alcaldía y cuya postura personal, como en los dos periodos anteriores que fue munícipe, es combatir legalmente el reclamo del Ejido Salagua.
Fuentes cercanas al actual diputado federal comentaron que, incluso si el fallo fuera inapelable en el sentido de que los tribunales ordenaran pagar los 50 millones de pesos (a valores actuales) a los ejidatarios, la propuesta del hoy político del Verde es pagar únicamente lo correspondiente a las poco más de dos hectáreas que ocupa la planta de tratamiento de aguas residuales.
El decreto expropiatorio fue por 10 hectáreas. Y de las que no abarca la planta, una parte la usa el área de Servicios Públicos de la Comuna porteña como patio de maniobras de los camiones de la basura y en otras tareas de mantenimiento. El resto están ociosas.
En su momento, los ejidatarios que han venido pidiendo en paralelo les paguen la renta de los predios ocupados por el Ayuntamiento a lo largo de todos estos años, en el pasado o (a partir del fallo) en el futuro, pidieron supuestamente llegar al mismo acuerdo como parte de la negociación política.
De esta manera, los ejidatarios recuperarían ocho de las 10 hectáreas. Pero no cobrarían los 50 millones de pesos (a valores actuales), sino la parte proporcional a dos hectáreas.
Por orgullo, porque está enfrentado políticamente con los ejidatarios (y con Morena) o por un legítimo interés en cuidar el patrimonio de los manzanillenses, ya como regidor Virgilio Mendoza tratará de impedir que Griselda Martínez cumpla su promesa de campaña a los ejidatarios, apelando a la responsabilidad en que la futura alcaldesa incurriría al pagar –sin agotar los recursos legales– los 50 millones de pesos (a valores actuales).
Es previsible que el dos veces ex alcalde subraye al interior del Cabildo la precariedad financiera de la tesorería. Y pida que el Ayuntamiento se escude en la manida frase: “debo, no niego; pago, no tengo”.
Sin embargo, el próximo gobierno municipal sí tendría con qué pagar. Aunque para ello deba renunciar a la viciada práctica que realizaron los sucesivos gobiernos municipales en todos estos años en que ha venido funcionando la PTAR: usar a la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) como caja chica del Ayuntamiento.
QUE LO PAGUE LA CAPDAM:
Impedir que los gobiernos municipales financiaran su gasto corriente con la recaudación por concepto de servicios de agua, fue una de las razones que llevaron a la creación de los mentados organismos operadores de agua.
Pero, salvo la Ciapacov, que es la comisión intermunicipal capitalina en cuya administración participa el Gobierno del Estado y donde las contribuciones de los usuarios de agua, en todo caso, entran en la órbita financiera estatal y no en la de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, el resto de los organismos operadores son una fuente de liquidez para el respectivo ayuntamiento.
Especialmente cuando la cobranza es más eficaz que el servicio, y cuando los ingresos superan a los costos de operación. Algo no muy frecuente pero que sí ocurre en Manzanillo, donde la CAPDAM ha sido el barril sin fondo del que salieron los recursos que se destinaron a programas sociales.
Como lo sabe cualquier usuario de agua, de todos los conceptos que se desglosan en el recibo de pago la tarifa por saneamiento es la más alta. Se paga más porque se limpien las aguas grises y negras antes de devolverlas a los ríos, que por el suministro, el drenaje o el alcantarillado.
En muchos municipios, el suministro es inconstante; el drenaje, insuficiente, y el alcantarillado casi nulo si consideramos los encharcamientos e inundaciones que hemos visto en los últimos años, lo mismo en la zona metropolitana al norte del estado que en Tecomán y Manzanillo.
Por no saber conducir las aguas pluviales que (por las alteraciones sufridas por el terreno con el cambio de uso de suelo agrícola a urbano) ahora corren imparables por los arroyos… de las calles, estamos desaprovechando además miles de litros cúbicos de agua dulce.
En algún momento de su carrera, este caudal de agua de lluvia debería encontrar resumideros para recargar los mantos freáticos e, incluso, podría almacenarse en distintas formas de reservorios. Usar colectores para canalizarla a los ríos es simplificar la solución. Hace falta una política de retención de aguas que implique esquemas de infiltración y embalse.
Si en todos los servicios que brindan estos organismos operadores, a los contribuyentes nos quedan a deber, al menos en lo que se refiere al saneamiento las autoridades no pueden alegar que las tarifas sean bajas. Está bien cobrado el servicio de tratamiento.
En la conurbación Colima-Villa de Álvarez, todo lo que se recauda por este concepto de saneamiento se destina a amortizar la inversión de una planta de tratamiento de aguas… concesionada en condiciones muy poco transparentes.
Y en Manzanillo, el dinero que ingresa a CAPDAM por la prestación del servicio de saneamiento, debería usarse completamente para cubrir un eventual plan de pagos a los ejidatarios de Salagua, por (las dos o) las 10 hectáreas que les fueron expropiadas hace tres décadas.
Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.
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