ESTACIÓN SUFRAGIO

Administrador Colimapm | Opinión | 20/07/2018

POR: Adalberto Carvajal

POR ALGO GANARON:

La explicación simplista es que los candidatos de Morena a diputados locales y a las alcaldías que ganaron u obtuvieron en su caso una votación abrumadora que los acercó al triunfo, lo hicieron por efecto del tsunami López Obrador.

Pero hay victorias, como la de Griselda Martínez en Manzanillo, que se explican de manera más complicada. La futura alcaldesa porteña se impuso al favorito candidato oficialista, Virgilio Mendoza, en algún porcentaje porque captó el interés de grupos como el de los ejidatarios de Salagua.

El numeroso e influyente núcleo agrario se confrontó con Virgilio y su socia política, Gabriela Benavides, por la determinación de ambos (cada uno en su momento como presidente municipal) a no acatar un fallo judicial a favor del Ejido.

Los tribunales, en sucesivos juicios, resolvieron que en relación al predio que el Ayuntamiento ha venido usando (la mitad como planta de tratamiento de aguas residuales y el resto como patio de maniobras de los camiones de la basura), se debe pagar al Ejido el monto de la expropiación y la renta por los años que el municipio lo ha estado ocupando.

Quedaba pendiente únicamente actualizar los valores que, en su momento, se fijaron en 50 millones de pesos, pero en lugar de facilitar un nuevo avalúo de los terrenos y buscar la forma de financiar el pago, la administración de Gabriela Benavides buscó otro amparo tratando de dilatar por muchos años más el cumplimiento del convenio.

FUERTES DECLARACIONES:

Entrevistada por Jesús Lozoya, Griselda Martínez Martínez fue muy clara respecto a lo que ella hará en su gobierno:

“Tenemos un compromiso grandísimo con ellos [los ejidatarios de Salagua]. Por cierto que no les pagaron, les expropiaron un terreno…”

Un asunto que “todavía está en los juzgados”, acotó el reportero radiofónico.

A lo que la futura alcaldesa corrigió:

Un asunto que “ellos ya ganaron. Lo que pasa es que estas últimas administraciones, la de Virgilio y Gabriela, estuvieron buscando mecanismos legales para seguir…”

Y el entrevistador volvió a aportar: por eso “están en amparo”.

Pero Griselda no se entretuvo en explicar la improcedencia del recurso:

“Vamos a resolverles. No vamos a poderles pagar junto todo, pero sí tenemos la intención de hacer un acuerdo con ellos y empezarles a pagar, porque es muchísimo dinero. Hay que actualizar la cantidad, pero lo último que yo supe eran algo así como 50 millones que, de haberse pagado...”

Lozoya vuelve a intervenir aparentemente para aclarar que esa cantidad es la que reclaman los ejidatarios.

Sin embargo, Martínez precisa: “Es lo que legalmente se determinó que se les tiene que pagar, pero falta actualizar la cantidad”.

(Vale decir que un actualización de valores supone calcular a qué cantidad del presente equivale una cifra del pasado, en función del poder adquisitivo de ese dinero).

Entonces, la futura alcaldesa hace fuertes declaraciones:

“Fíjate, Jesús, que estamos analizando la posibilidad de que legalmente se les pueda fincar responsabilidad a aquellos servidores públicos que, por no cubrir una deuda, por omisión, por lo que tu quieras, generen un daño patrimonial…

“Porque lo que hicieron todos las administraciones que han estado, al no pagarle a los ejidatarios de Salagua ese terreno –enfatiza Griselda–, lo que hicieron fue generarle un daño patrimonial al municipio de Manzanillo. Y no es posible que se van tan campantes como si nada. Unos y otros y otros van dejando deudas, como si nada pasara. Y ahí que lo resuelva a ver quién.

“Entonces, vamos a hacer alguna modificación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que se les llame a cuentas cuando hagan ese tipo de cosas”, adelanta Griselda un probable uso de la mayoría de Morena en el Congreso local.

“Y, en el caso de los ejidatarios de Salagua, tenemos un compromiso con ellos para revisar el asunto a profundidad. Y llegando” a la Presidencia Municipal, ver la manera de empezar a pagarles.

LA BURRA AL TRIGO:

La negativa institucional a reconocer que los tribunales ya fallaron a favor de los ejidatarios, y es de justicia que el municipio retribuya a sus originales propietarios el beneficio que el municipio ha obtenido del uso de ese predio, persiste en la actual administración aun cuando Gabriela Benavides solicitó licencia.

La secretaria del Ayuntamiento, Lizet Nava, declaró (según la nota de César Hernández en el Correo de Manzanillo) que “tanto el ejido como el municipio promueven una revisión del amparo ante el Tribunal Colegiado, debido a que la resolución que fue dictada por el Tribunal Superior Agrario no ha sido muy clara, porque los elementos que deben servir de base para fijar el monto de la indemnización que debe recibir el ejido no ha sido muy clara”.

Respecto a lo expresado por Griselda Martínez en la radio, la funcionaria municipal argumentó que aunque la ex candidata de Morena afirmó que: “cada administración que entra se hace valer de recursos para los efectos de tratar de retrasar el procedimiento y no dar cumplimiento a los mismos”, en realidad:

“Esto es totalmente falso, toda vez que señala todos los recursos que podemos hacer valer en defensa de. Mientras no sea una clara resolución, obviamente no se pueden tocar las arcas de la administración. Y por ello tenemos que esperar la resolución clara que se esté emitiendo y puedan determinar el monto”, insistió Lizet Nava.

NO ES LO MESMO:

Los ejidatarios están esperando que se fije el monto de la actualización de los 50 millones de pesos que se establecieron en el resolutivo. El Ayuntamiento, en cambio, se amparó para no pagar. No es un asunto de trámite sino de voluntad política.

Los gobiernos municipales en los que estuvieron involucrados Virgilio Mendoza, quien buscaba la alcaldía por tercera vez, esta vez por el PVEM, y Gabriela Benavides, quien pese a la debacle del PRI consiguió por el Verde un escaño al Senado por la primera minoría, han buscado no pagarles a los ejidatarios.

Las razones pueden ser muchas: proteger el erario, como declara la secretaria del Ayuntamiento, o simplemente contrariar a un ejido identificado con grupos políticos distintos al virgilismo.

De hecho, el diputado panista Alejandro García, mejor conocido como El Mono, es hijo de un ejidatario de Salagua, y la diputada panista y ex alcaldesa Martha Sosa cerró filas con la causa ejidal.

En febrero pasado, luego que los ejidatarios anunciaran que de no cumplir el Ayuntamiento con el fallo judicial, tomarían por asalto la planta de tratamiento, Gabriela Benavides, quien todavía no renunciaba al PAN, recibió al comisariado ejidal.  

En su despacho, la alcaldesa en funciones se comprometió a lo mismo que Griselda Martínez: pagar a los ejidatarios la actualización de valores de los 50 millones de pesos señalados por el Tribunal, mediante una serie de parcialidades para no afectar las arcas municipales.

En lugar de cumplir ese acuerdo, el Ayuntamiento se amparó nuevamente.

Como se ve, es una cuestión de voluntad política. No la tuvieron Virgilio ni Gabriela, y pagaron en las urnas el precio. Por lo demás, el arribo de gobiernos morenistas como el de Griselda Martínez, podría traducirse en cambios muy significativos en el rumbo del estado y, en su caso, del municipio porteño.

Mi correo electrónico: carvajalberber@gmail.com. Esta columna también se puede leer en: www.carvajalberber.com y sus redes sociales.