BITÁCORA REPORTERIL 

CÉSAR BARRERA VÁZQUEZ | Opinión | 18/07/2018

EL DESTINO DE LA REFORMA EDUCATIVA 
Con habilidad funambulesca, López Obrador oscila su discurso contra la reforma educativa entre la derogación y mantenerla, pero modificando aspectos fundamentales, principalmente los relacionados con la Ley del Servicio Profesional Docente. Se entiende, porque, como político, tiene que ser un maestro avezado en el arte de no decir nada, en especial en una etapa electoral, cuando un posicionamiento te puede restar votos.
Este fue el caso: la inmensa mayoría de los docentes están en contra de la reforma educativa, y eso se explica en gran parte por el manejo tribal del sector magisterial, que otrora controlaba totalmente, con todo y canonjías, el ingreso y permanencia de los maestros en el aula. Con la reforma todo eso cambió; se instrumentaron mecanismos para regular precisamente esas cuestiones. De ahí el rechazo. 
Y es que antes los dirigentes del magisterio decidían, de manera discrecional, quiénes laboraban en las aulas. Por eso la reforma, en un principio, en una primera etapa, fue totalmente de un carácter laboral: tenía que dar un reordenamiento para definir, con base a parámetros objetivos, quiénes eran idóneos para dar clases. 
Fue un acierto, en ese sentido, recuperar la rectoría de la educación, pues antes eran las cúpulas sindicales las que se encargaban de definir quiénes ocuparían plazas magisteriales; consecuentemente, había maestros cuyos intereses eran quedar bien con quienes los colocaron, en lugar de priorizar la educación de la niñez mexicana. 
Un ejemplo de esto es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CENTE), cuyos integrantes siguen consignas políticas y velan por sus intereses, privilegios ya insostenibles ante los nuevos retos que entrañan la educación del siglo XXI. Al respecto, uno de los grandes aciertos del gobierno de Peña Nieto fue haberle quitado el control de la nómina educativa, de recursos federales, a Oaxaca. 
Antes, los maestros que marchaban, que participaban en las movilizaciones, eran los recompensados con plazas o horas en el servicio educativo. Ese era el mecanismo que se aplicaba para el ingreso y promoción del servicio educativo. Por eso esa entidad era la principal, en toda la república, con menos horas de clase y donde se suspendían labores educativas, con paros y marchas en la Ciudad de México. De ahí los bajos niveles de aprendizaje. 
Si bien la reforma no es perfecta, López Obrador cometería un error en derogar las disposiciones de la ley del servicio profesional docente. Y es que se requiere un mecanismo riguroso para determinar la idoneidad de quienes ingresan, así como la permanencia del servicio. Por otro lado, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya dictaminó que el derecho de la educación de calidad está por arriba de una cuestión laboral. 
Además, hay que decirlo, al maestro nunca se le afectó laboralmente. Porque la baja del servicio educativo es por dos causales. Una primera, que nada tiene que ver con la reforma, es si faltan más de tres días sin justificación, y la otra, que sí mandata la reforma, es si el docente no se quiere evaluar. Esos son las principales causales de baja. 
El maestro que no aprueba la evaluación no es dado de baja, sino que se le canaliza a laborales administrativas, sin detrimento a su salario y condición laboral. Esto tiene un objetivo: se genera una estructura al interior del plantel escolar para que esa persona se dedique, totalmente, a llevar los trabajos administrativos, quitándole esta carga al docente de grupo, una exigencia vigente del maestro. 
La evaluación no debe quedarse sólo en el ámbito educativo, sino que se requiere explayar a las áreas de salud y judicial. Son trabajadores públicos, por lo que es indispensable que los perfiles tengan la idoneidad requerida. Esto es una parte fundamental para la profesionalización y, por ende, mejorar el servicio que prestan a la sociedad. 
Dos puntos 
La sociedad ya lo expresó en las urnas: quieren a los maestros en las aulas, no formando partidos políticos ni metidos en la política. Así de claro. Por eso López Obrador debe bregar para perfeccionar la ley, en el sentido de priorizar la capacitación del docente, pero sin dejar de lado los mecanismos de evaluación que determinen si son aptos para dar clases y mantenerse en el aula.  Por cierto, ningún maestro ha reprobado la evaluación en Colima, lo que acredita la buena calidad del magisterio colimense.