LA PANGA

MAYAHUEL HURTADO | Opinión | 07/05/2018

SANCIONES POR VIOLENCIA POLÍTICA, DEBEN SER A PISO PAREJO…
Desde por lo menos el periodo de campañas electorales para presidente de la República en 1988 hemos estado bajo una guerra despiadada en donde la violencia política siempre fue el platillo principal. Y es que al hablar de esto tendríamos que evocar a personajes como Manuel Clouthier, Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Diego Fernández de Ceballos, Francisco Labastida Ochoa, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, entre otros más que a la fecha, hemos vivido en diversas formas y contextos la violencia política.
Para nadie es una novedad que los ex presidentes Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto, han sido objeto de todo tipo de violencia y exposición al repudio social y a la sátira grotesca, como resultado de una guerra sucia en política, un porcentaje elevado de la población se acostumbró a mofarse, insultar, parodiar y elaborar los conocidos chistes y memes para denigrar la imagen de un funcionarios, político o candidato.
Y es desde entonces que la violencia contra candidatos, gobernantes, legisladores y funcionarios se ha incrementado, al grado de que se han registrado homicidios dolosos en donde el objetivo principal era frenar una carrera o proyecto político y es en este proceso electoral donde más recrudeció la violencia.
Pero si analizamos el concepto de violencia encontraremos  que consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupos de ellas, o en atentados contra sus pertenencias. Los motivos por los que se ejerce la violencia pueden ser muchos tales como venganza, dominar la voluntad de otro, expresión de un sentimiento de ira, desequilibrio mental, etc.
Y la violencia política obedece a un motivo específico, y es el de dirigirse contra los opositores ideológicos, ya sea para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o exterminarlos, o atentar contra la política imperante. Mientras que la violencia política de género es aquella que se ejerce por el hecho de ser mujer, en circunstancias donde limitan su capacidades para desempeñar el cargo, las postulan en puestos donde hay escasa posibilidad de triunfo y en donde son objeto de ataques sistemáticos de manera física, verbal o utilizando las redes sociales para exponer al repudio social su imagen pública con información real o falsa.
La cadena CNN en Español publicó que iban 173 agresiones directas a políticos y al menos 78 asesinatos. Son las cruentas cifras durante siete meses de proceso electoral en México: desde el 8 de septiembre de 2017, cuando se inició oficialmente el proceso electoral en el país, hasta el 8 de abril. Posteriormente publicó que el Protocolo para la Seguridad y Protección de Alcaldes elaborado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) en abril de acuerdo con sus datos señaló que desde 2006 y hasta el 12 de abril de 2018 ha habido un total de 121 asesinatos a alcaldes en el país, de los que 53 lo eran en funciones, 59 eran ex alcaldes y nueve acababan de ser electos.
Actualmente los organismos que se encargar de velar por la legalidad en los procesos democráticos en el país llámese la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Institutos Electorales en cada entidad han considerado un DELITO ELECTORAL a la VIOLENCIA POLÍTICA, pero no sólo eso, es algo severamente sancionado y no nada más para los integrantes de la clase política, sino además para los periodistas.
Y es que debemos recordar que el 21 de marzo de éste año la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, hizo un llamado a los gobernadores para que, en el marco de sus competencias y responsabilidades, garanticen la seguridad, tranquilidad y paz social, necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos electorales. Durante el acto oficial de firma de la Declaración por la Democracia y la Legalidad para el Proceso Electoral 2018, la magistrada condenó la ola de violencia que se vive en el país; “es inaceptable que en el presente proceso electoral 31 personas vinculadas a éste hayan perdido la vida” y añadió que “Tenemos que frenar esta ola  de violencia política. Las elecciones democráticas desarrolladas conforme a los estándares internacionales de integridad electoral tienen que basarse única y exclusivamente en la legalidad, el Estado de Derecho es el pilar de la democracia y dentro de éste el respeto a la vida y a la seguridad personal son condiciones indispensables”, además se resaltar que de no lograr elecciones en paz, libres de violencia hacia las mujeres, los indígenas, los actores políticos en general, los medios de comunicación y la ciudadanía, “nuestra democracia habrá dejado mucho que desear”.
Algo que sin duda debemos pedir a las autoridades encargadas de sancionar la violencia política es que sea piso parejo, es decir que ningún candidato o candidata se extralimite y genere violencia política, pero que tampoco se victimice al grado que no se pueda generar una crítica consciente y veraz de su actuar como ex funcionario (a)  o político, escudándose en que “no se le puede tocar, no se le puede cuestionar y no se le puede señalar acciones delicadas en el ejercicio de sus funciones y que sea una responsabilidad de los medios de comunicación difundir para que los ciudadanos normen criterio.
El día de ayer  el periodista  Ricardo Alemán fue despedido de Televisa en donde se realizaba el programa  La Mudanza en Foro TV; pero además  Canal 11 canceló el programa Despertador Político como resultado de una publicación que incita a la violencia  a través de un Tuit que publicó el pasado sábado en donde afirmaba lo siguiente: “A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató un fan. A ver a qué hora, chairos”.
Esperemos que con la misma dureza con que fue sancionado el periodista, también se le sancione a cualquier candidato o político, que indistintamente el cargo para que se postule, e indistintamente los años e intentos que tenga en ello, si comete violencia política o violencia política  de género, se le castigue con todo el peso de la ley…